TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

M. en C. MARIA AZUCENA MEZA GOMEZ

Cada vez más es mayor la demanda ciudadana de gobiernos trasparentes y de gobiernos que ejerzan sus responsabilidades de acuerdo a los principios de honestidad, transparencia, eficiencia y eficacia. El avance de nuestra democracia está ligado al término de “rendición de cuentas”. Tanto académicos como los propios políticos y la misma ciudadanía hacen suya la exigencia de contar con gobiernos más abiertos a responder con puntualidad sobre el ejercicio de sus funciones, ya sea del manejo de sus recursos, de los resultados de la gestión de gobierno, de la toma de decisiones, entre otras. No es posible concebir un gobierno democrático o hablar de la democracia, cuando de por medio, no existen los mecanismos fundamentales que auxilien al ciudadano a ejercer su derecho a la información sobre el estado que guarda su gobierno, como en este caso sería el acceso a la información pública.

Si bien es cierto, México desde la Promulgación de la Constitución de 1917, ha contemplado en su Carta Magna un sistema de pesos y contrapesos,  como también la rendición de cuentas, que son desde luego considerados derechos fundamentales del ciudadano y no fueron removidos de la Constitución ni aun existiendo un gobierno totalitario o hegemónico durante más de 70 años. La realidad es que, los gobiernos posrevolucionarios no solo la mantuvieron intacta, sino que, estuvo en total desuso. Fueron pocos los actores que se atrevieron a desafiar al régimen priísta. El contexto político y social, no eran las condiciones más acogedoras y las más idóneas para la adopción de términos como transparencia y rendición de cuentas.

Un gobierno pluralista, con normas que regulen el ejercicio gubernamental, que haya alternancia, acceso a la información, y con mecanismos de participación ciudadana, son sin duda, situaciones que le dan luz a la democracia, la fortalecen y aseguran su permanencia.  En México el fortalecimiento de la democracia aun está en construcción, así algunos autores aseguran que desde las reformas electorales de 1977, México ha dado cabida a la transición democrática al darles mayores facilidades a los partidos pequeños para que se abran a la competencia; otros aseveran que no, que ha sido a partir del 1997 cuando el Partido Revolucionario Institucional (PRI), pierde la mayoría en el Congreso, en tanto que, unos más consideran que ha sido hasta el 2000, año en que el Partido Acción Nacional (PAN), partido opositor, gana las elecciones presidenciales. Definitivamente, han sido etapas que fueron marcando el gobierno en México, pasando de un partido dominante a partidos competitivos. Lo fundamental de todo este proceso histórico,  es que en la medida que los partidos se vuelven más competitivos, que se da la alternancia en el poder, la participación ciudadana es más alta, y que  la transparencia y el acceso a la información son hoy por hoy, mecanismos más demandantes.

Dicho lo anterior, no podemos soslayar  la importancia de la creación en México del Instituto Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en el periodo del Presidente Vicente Fox. La importancia reside en las nuevas posibilidades otorgadas a los ciudadanos para conocer de los asuntos de gobierno en sus diferentes modalidades. Con ello se contribuye notablemente a evitar la corrupción.

Ahora bien, algunas definiciones que nos podrían orientar en la conceptualización de “rendición de cuentas”, para comprender mejor los alcances del término.

En el caso de ciertos diccionarios especializados, “rendición de cuentas”, es definido de la siguiente manera: “ser sujeto a la obligación de reportar, explicar o justificar algo, ser responsable de alguien ante algo”.[1]  Cabe  señalar, la particularidad del caso mexicano, al no tener un concepto que defina y englobe, “rendición de cuentas”, como si sucede, en la terminología anglosajona al  definirla como “accountability”.

Para McLean, el significado es: “la rendición de cuentas es el requerimiento para que los representantes den cuenta y respondan frente a los representados sobre el uso de sus poderes y responsabilidades, actúen como respuesta a las críticas o requerimientos que son señalados y acepten responsabilidad en caso de errores, incompetencia o engaño”[2] . Esta definición en particular, tendrían que establecerse mecanismos legales más enérgicos que verdaderamente se ajusten a la demanda ciudadana, cuando así se le justifique legalmente. Es decir, que la propia Ley o Institución que controla la transparencia, no sea objeto también de la corrupción, porque entonces sí, de nada serviría, caeríamos en solo demagogia. Además, resulta complicado y por demás absurdo, el que un político en el ejercicio de gobierno que haya cometido irregularidades, responda aceptándolas.

Rendir cuentas a los representados va más allá de dos palabras, la carga moral y ética que debiera llevar implícita, explicaría mucho más como definición si en ella existiera por antonomasia. En tanto sean los contextos social, político, económico,  que en conjunto forman nuestra idiosincrasia, son notablemente estos los aspectos que independientemente de acuñarles definiciones doctrinales,  conforman el verdadero significado al concepto rendición de cuentas. No es cuál o quién lo define de tal manera, sino  más bien, una definición que se forma en su propio ejercicio. Culturalmente cómo estamos definiéndolo y más aún, cómo estamos ejercitándola. La rendición de cuentas en México va a responder colectivamente en un mayor uso social, en la medida que la concibamos como un ejercicio más cotidiano y no tan excepcional como suele acontecer en estos momentos. En otras palabras, cuál es hoy nuestra percepción.

Por otra parte, para cualquier gobierno que se ostente como democrático no puede evadir el hecho de que a toda acción o programa emprendido, le corresponderá inevitablemente una reacción social o más bien una calificación, ya sea de aceptación o de rechazo a los mismos. Así bien, me parece interesante introducir el término legitimidad a lo ya abordado sobre la rendición de cuentas. En virtud, de que la legitimidad es entre sus muchas connotaciones, el grado de consenso que existe hacia quien ostenta el poder. Por ello, ese respaldo ciudadano que se le otorgue al gobierno en mucho depende no solo de responder a las expectativas trazadas en los planes de desarrollo, además, es hacerlo de acuerdo a ciertos principios que anteriormente ya los mencionaba, como lo son; honestidad, transparencia, eficiencia y eficacia.

Dicho lo anterior, “la legitimidad no se consigue sólo con eficacia y eficiencia, sino que es también fundamental el elemento democrático en el que se subsumen la transparencia, la rendición de cuentas o la participación. La eficacia y la eficiencia son valores propios del utilitarismo económico y de la gestión, aunque, situados en un contexto político, quedan totalmente impregnados de la influencia de la dimensión política. Con todo, las organizaciones públicas se ven abocadas a adoptar estrategias de actuación mediante la incorporación de innovaciones en la acción pública. Ciertamente, estas innovaciones, su forma y contenido, dependen de la coordinación del aparato administrativo con otros actores privados y con los ciudadanos. En gran medida la gobernanza consiste sobre todo en la confluencia y difícil equilibrio entre la eficiencia y la participación democrática.”[3]

[1] The Random House Dictionary of the English Lenguage, 2da. Edición completa, Random House, Nueva York, 1987.

[2] Ian McLean, The Concise Oxford Dictionary of Politics, Oxford University Press, Oxford, 1996, p.1

[3]Ángel Iglesias, “Gobernanza Global” op. cit., Pág. 1