POLÍTICAS PÚBLICAS Y DESARROLLO SUSTENTABLE

M. en C. MARIA AZUCENA MEZA GÓMEZ

El identificar y definir un problema público, el poder percibir la problemática actual o futura, el seleccionar las posibles soluciones, el decidir los objetivos y metas, el escoger los medios indicados y finalmente, la adecuada implementación, corresponden a los momentos del análisis de la elaboración de una Política Pública. Así lo plantea Carlos Ruiz Sánchez en su Manual Para la Elaboración de Políticas Públicas.

Existe en la actualidad una moda que ha permeado mucho en los administradores públicos, debido a la constante mención sobre políticas públicas a la que hacen referencia la mayoría de los actores políticos, en busca de resolver los grandes problemas o males, tales como la inseguridad, el desempleo, la salud, la vivienda, y que decir, también, en el caso del desarrollo sustentable, que aquejan a la administración pública y a la sociedad misma como destinataria. Pero, dicho lo anterior, queda en la buena retórica, más que, para una verdadera política pública implementada con efectividad.

Las administraciones gubernamentales se autocertifican. Hablan de estar aplicando políticas públicas, muy convencidos de lograr los objetivos buscados. Sin embargo, en la práctica todo queda reducido a retórica, al no cumplirse al cien por ciento la meta procurada. Además, como ya lo mencioné, crea una moda  y es en los discursos donde todos hablan de políticas públicas, pero, la realidad es que no existe  una estricta  evaluación de sus programas.

El tema de políticas públicas y del desarrollo sustentable, están actualmente íntimamente vinculados. No es posible en estos tiempos de modernidad reducir nuestro horizonte al vacío proceder de las administraciones hacia aquellos proyectos de inversión que arrojan un alto impacto en los bolsillos de todos y en las que hay mejoras económicas, pues, existe también el riesgo de que los mismos, se contrapongan a los intereses de un desarrollo sustentable.

 Éste fundamental tema, que depreda nuestra tranquilidad social y ambiental, por sentirnos cada vez más amenazados por la furia del actuar contra natura, atropellando los intereses del desarrollo económico a largo plazo y sostenible, es lo que hoy predomina en los múltiples foros y escenarios tanto académicos como los políticos.

Además, los tiempos modernos, de avances en las telecomunicaciones, hace de las organizaciones civiles y no gubernamentales una sociedad más exigente y organizada. En consecuencia, el reclamo por mejores resultados para un desarrollo sustentable y sostenible, es más notable. Los  diseñadores de las políticas y los que las implementan, deben de considerar no solo el detectar los problemas con rigor de públicos e implementarlos a la agenda gubernamental. Por ello, se insiste en la necesidad de  dar resultados positivos a esas metas planteadas. Y por otra parte, cuando de modernidad se habla, sobre todo en la cultura occidental, existe una supremacía de la modernidad por sobre el medio ambiente, hecho que preocupa.

El autor Roberto P. Guimaraes, ya  nos advierte en algunas de sus reflexiones expuestas en su trabajo de “La ética de la sustentabilidad y la formulación de políticas de desarrollo”[1], donde  nos introduce con claridad esa disyuntiva  entre la modernidad o de las superestructuras, con el del medio ambiente. En cierto sentido, desde una valoración personal, estamos ante un divorcio entre las implicaciones postmodernas con los aspectos de la naturaleza. Aún carecemos, sobre todo, en el occidente y países por algunos teóricos calificados como  “tercermundistas”, de una cultura ambiental, que libere las verdaderas políticas de desarrollo y que éstas, armonicen con las políticas ambientalistas. El peso monetario por encima de los intereses del medio ambiente, siguen dominando fuertemente en la mesa de los inversionistas y gobiernos de este lado del mundo.

En este sentido, un acercamiento a definiciones sobre la política es: “…un comportamiento propositivo, intencional, planeado, no simplemente reactivo, causal. Se pone en movimiento con la decisión de alcanzar ciertos objetivos a través de ciertos medios: es una acción con sentido…”[2]. No podríamos concebirlo de otra manera, una política pública sin su debido análisis, impactará negativamente en los resultados, sería muy desalentador y con un saldo político posiblemente costoso para quien trabaja en ella y además para quien la implemente, el no poder responder a las expectativas de la solución de determinado problema.

El trabajo de una buena política implica esfuerzo y dedicación, de mucho análisis, y de la buena intervención de las disciplinas profesionales que sean necesarias para el diseño e implementación. Pero también, me atrevo a decirlo de una gran falta de voluntad de nuestros gobiernos por introducir verdaderamente en los hechos, toda esa amplia gama de compromisos ambientales, que han quedado en el discurso y en las buenas intenciones, ocupándose solo en cumplir con ciertos requerimientos y normas establecidas.

En  este  actuar con sentido, como plantea Luis Aguilar, y en mi opinión, con un alto sentido de humanismo y responsabilidad social por parte de nuestros gobernantes que tienen la noble encomienda, de estudiar y diseñar  todos aquellos proyectos orientados a un desarrollo sustentable. Es precisamente lo que motiva la buena política, aquella que, en su formulación contemple una metodología a seguir, que dé mayor certeza a los decisores responsables de la acción gubernamental y que responda a las expectativas que en ese momento demande la sociedad, en virtud de lograr mejores resultados y por ende, un mayor rendimiento en el ejercicio de gobierno.

Considerando los tiempos actuales, de cambios históricos en cuanto al poder político donde la pluralidad ya es más una constante, en este  contexto democratizador y de transición, no podemos dejar a un lado que las  decisiones fundamentales a las que se enfrentan tanto el diseñador de las políticas públicas como quien las implementa, sin lugar a dudas, están inmersas en un contexto político de una  la lucha por el poder, donde los actores cambian constantemente de ideologías, ya sea guiados por las  inercias del momento, entre otros factores implícitos por la naturaleza misma de la ciencia política. Aun así, no se debe subestimar el gran valor de los recursos naturales y que su explotación, necesariamente tienen que llevar como premisa fundamental, el desarrollo sustentable y sostenido.

Todo este contexto, democratizador de la toma de decisiones, y también, de la ciudadanización de las mismas, subyace en cuidar también, el justo equilibrio de las inversiones privadas con las causas por salvaguardar los intereses de un desarrollo sustentable a largo plazo. Esto sería algo así como el equinoccio de la toma de decisiones públicas en la búsqueda de equilibrar por un lado los proyectos de inversión y por otro, el impacto ambiental que las mismas generan.

Baja California Sur, tiene que ser ejemplo nacional de responsabilidad social y política. Dar libre albedrío a proyectos de inversión altamente rentables, no necesariamente van en armonía con nuestra riqueza natural. Por ello, no debemos dejarnos llevar por  las delicias gananciales que se puedan generar a costa de nuestras riquezas naturales, menos aun si estas no cumplen conque los señalamientos de las Leyes Ecológicas tales como Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, la Ley General de Aguas Nacionales, la Ley Minera y la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, entre otras normas.

Baja california Sur, tiene que dar muestra  de que el Desarrollo Sustentable y Sostenido, es responsabilidad de los gobiernos y que los ciudadanos somos observadores del buen proceder gubernamental. Y es que, actualmente en nuestro Estado, esta latente la polémica por el proyecto en San Antonio de la minería la Pitahaya, que es filial de la corporación estadounidense Argonaut. En donde se escuchan voces ciudadanas como lo es el Consejo Consultivo para el desarrollo sustentable, de B.C.S., que en voz de su presidente, Francisco Javier Gúzman advierte en el proyecto, inconsistencias y falta de información.

Es momento oportuno para que nuestro Estado reflexione sobre el proceder de las empresas que pretenden obtener beneficios económicos a costa de los recursos naturales, sin ánimos de frenar ni mermar la inversión extranjera, tenemos que ser prudentes y justos con nuestra naturaleza, promoviendo en todo momento el desarrollo sustentable y sostenido de nuestro Estado.